Denunciamos la utilización electoral del maltrato infantil, y denunciamos también el acoso institucional que padece cada una de las familias españolas que señala una situación de violencia en las aulas.

Acoso Institucional, porque los recursos públicos que debieran ponerse al servicio del menor e invertirse en detener de forma inmediata la situación de violencia detectada, protegiendo a la víctima, sancionando las conductas inaceptables de maltrato y poniendo en marcha todos los mecanismos y protocolos de prevención del acoso y la violencia escolar se despilfarran y se ponen al servicio de una mal entendida institución

-que pierde el tiempo protegiéndose a sí misma,

-abriendo investigaciones que duran meses,

-instruyendo expedientes,

-recabando informes del inspector, del director del centro y ahora también de los observatorios...para poder afirmar que TODOS COINCIDEN en que no es un verdadero caso de acoso escolar.

Los niños acosados se ven obligados a cambiar de centro, arrastran sintomatología propia de estrés postraumático, se muerden las uñas, se despiertan por la noche, presentan ansiedad, ataques de pánico y somatizaciones...pero nadie habla del interés superior del MENOR, de la posición de GARANTE de las autoridades educativas sobre la salud y la seguridad de los escolares, de la denegación de auxilio, de la omisión del deber de socorro ni de la Protección de los Derechos Fundamentales de alumnos y profesores que están siendo vulnerados en cada una de las situaciones de violencia en nuestros centros educativos.

Padres y profesores exigimos soluciones eficaces que permitan, desde la prevención, atajar la violencia en las aulas.